El Salvador no cuenta con una misión internacional para combatir la corrupción.

El Salvador no cuenta con una misión internacional para combatir la corrupción porque los partidos no apoyan la intervención de una entidad foránea. La contracara es que sus propias instituciones parecen funcionar.

Según el actual índice de la percepción de corrupción que publica la ONG Transparency International cada año, El Salvador se encuentra en el lugar 112 – el peor resultado de los últimos seis años.

A primera vista, parece que la corrupción es cada vez más grave en el país centroamericano, pero los resultados del índice son ambiguos: "Estar bajando en el ranking no es positivo para el país, todo lo contrario”, admite Jessica Estrada de la Fundación para el Desarrollo (FUNDE), el capítulo de Transparency International en El Salvador. "Sin embargo, puede que los cambios en la puntuación se deban a que la corrupión ya no está tan oculta, sino que empieza a salir a la luz.”

En su lucha contra la corrupción, El Salvador ha optado por un camino diferente que los demás países de la región. Mientras que en Guatemala y Honduras se han instalado misiones internacionales como la CICIG y la MACCIH para apoyar la lucha contra la corrupción e impunidad, El Salvador depende de sus propias instituciones.

"Ellas siempre han sido más fuertes que en los otros dos países”, sostiene Luis Membreño, analista y economista salvadoreño. "Por lo tanto, hemos decido que es mejor fortalecer la fiscalía, ya que es la entidad que a largo plazo va a estar combatiendo la corrupción en el país”, añade.

Por su parte, EE. UU., en lugar de presionar por una comisión internacional, apoya a la fiscalía salvadoreña.

Alta política

Los casos de alto perfil como el encarcelamiento del ex presidente Antonio Saca o del ex fiscal general Luis Martínez - ambos por delitos de corrupción - distendieron la tensión en la sociedad salvadoreña al demostrar que hay un respeto al Estado de derecho en el país.

"El fortalecimiento institucional va a ser siempre mucho más importante que una comisión que venga desde fuera”, opina Marco Pérez Navarrete de la Fundación Heinrich Böll en El Salvador. "Es lo ideal, y los partidos políticos lo han planteado así, pero también lo hacen en defensa de sus propios intereses. Así pueden seguir lidiando con sus propios demonios internos bajo un esquema de negociación”, agrega.

Es que los grandes partidos como ARENA, el FMLN o GANA tienen casos propios de corrupción, y no apoyarían la intervención directa de una entidad foránea.

Un caso ejemplar que permite posibles actos de corrupción es la llamada "partida secreta” - fondos reservados que tienen el presidente y su partido a su discreción, sin necesidad de rendir cuentas sobre su uso. Según Pérez Navarrete, "hay un pacto implícito entre los partidos políticos que pueden ostentar la presidencia de la república, para poder usar estos fondos en arreglos de todo tipo, a discreción.”

Ley de libre acceso a la información pública

Un instrumento valioso en la lucha contra la corrupción es la ley de libre acceso a la información pública, algo que ha empoderado a la ciudadanía: "El boom de los casos de enriquecimiento ilícito de diferentes funcionarios surgió a raíz de solicitudes de información pública hechas por ciudadanos”, dice Jessica Estrada de la Fundación para el Desarrollo.

Cuando salieron a la luz los patrimonios del ex presidentes de la República y con ello las acusaciones de enriquecimiento ilícito, "mucha gente comenzó a querer saber la información patrimonial de diversos funcionarios”, dice Estrada. Y reflexiona: "Antes a la gente le daba igual, pero ahora ya tomó consciencia”

Fernando Peña